ÉXODO 142

E O bservando detenidamente la relación del Estado español con la religión (todas las iglesias y especialmente la católica) es di- fícil evitar la perplejidad. De una parte, la Constitución del 78 parece abo- gar globalmente por una la separación de las es- feras civil y religiosa. Y, en esta dirección, el Tri- bunal Constitucional, que tradicionalmente ha definido el Estado español como “aconfesional”, en su sentencia 46/2001 del 15 de febrero, de- clara que el art.16.3 introduce constitucional- mente una idea de “aconfesionalidad o laicidad positiva”. Dejando aparte de momento la califi- cación que se hace de la laicidad, deberíamos concluir que, jurídicamente hablando, el Estado español es laico. Lo que armoniza bien con los últimos datos que nos proporciona la sociología sobre el comportamiento religioso de la sociedad española que, en pocos años, se ha puesto a la cabeza de la secularización en Europa (cfr. Ra- zón y fe, 1416 octubre 2916). Secularización que, sin embargo, no se traduce luego, como veremos a continuación, en instituciones y prácticas laicas del Estado. Pero, por otra parte, no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viendo y los medios alterna- tivos están denunciado a diario: que el Estado es- pañol está subvencionando a la Iglesia católica y a las otras religiones e iglesias de “notorio arrai- go”, que el Estado mantiene, y el Gobierno del PP incrementa, la presencia institucional de la reli- gión en la escuela pública, que subvenciona eco- nómicamente la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, que introduce la religión en los actos civiles institucionales, que mantiene y no reaccio- na en contra de la inmatriculación religiosa de in- muebles públicos, etc. La mayoría de los movimientos sociales y de los partidos políticos de izquierda (cuando están en la oposición parlamentaria) apuestan por la dero- gación de la base jurídica de estas prácticas “con- fesionales”: los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede del 79. Pero es más llamativo y pro- vocativo que la denuncia arranque también desde Redes Cristianas y otras instituciones que nunca han renunciado a su pertenencia a la Iglesia cató- lica. Ante la perplejidad que nos deja este estado de cosas, ÉXODO se pregunta, desde diferentes cla- ves, por lo que nos está faltando para alcanzar un Estado verdaderamente democrático y laico en España. Y esto tiene mucho que ver con el con- cepto filosófico y político de una laicidad que con- sideramos aún pendiente. La laicidad se basa en principios intrínsecos a la democracia y a los Derechos Humanos, tales co- mo la libertad de conciencia, la igualdad de dere- chos sin privilegios ni discriminación y la univer- salidad de las políticas públicas. Con ese enfoque, Francisco Delgado hace balance y analiza las cau- sas de las carencias en laicidad de nuestro entra- mado político y social. Pero el suyo es también un 'punto de mira' propositivo basado en tres ejes de actuación: garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión re- ligiosa (neutralidad ideológica de las administra- ciones), eliminar todo privilegio o discriminación en el trato económico, jurídico y fiscal para las en- tidades de carácter privado, sean religiosas o no (igualdad de derechos ante la Ley y separación de los ámbitos público y privado), y garantizar una Educación laica como derecho universal, igual e integrador, dentro de un proyecto común de ciu- dadanía Para la entrevista de este número pensamos sin dudar en Rafa Díaz-Salazar, quien nos ha regala- do unas espléndidas respuestas. Su amplio y pro- fundo conocimiento de las diversas facetas y pro- EDITORIAL La laicidad: nuestra asignatura pendiente