ÉXODO 117

8 una práctica habitual el invertir en segundas y terceras viviendas o, simplemente, comprarlas con el único fin de revenderlas a los pocos años, una vez revalorizadas, lo mismo que si fueran acciones de bolsa. Tal como se recogía en las Jornadas de reflexión y deba- te por el derecho a la vivienda que tuvieron lugar en julio de 2012 en el espacio social autogestionado de La Tabacalera (Madrid), a iniciativa de la PAH y de las Asambleas del 15M de Barrios y Pueblos, “la situación actual se ha fraguado en los últimos 50-60 años, fomen- tando la vivienda como mercancía. ¿Por qué eligieron esta mercancía?: porque cumple expectativas muy altas: es un bien muy caro, que rota rápido y hay poca inver- sión primaria. Mucho dinero con muy poco esfuerzo. El Estado forzosamente tiene que intervenir para frenar esa voracidad, pero aquí nunca lo ha hecho, a diferencia de otros países”. El resultado final de este proceso per- verso fue la constitución en España del parque de vivien- das más desproporcionado de toda Europa: junto a 17,9 millones de primeras viviendas, existen otros ocho millones habitualmente desocupadas y buena parte de ellas vacías de forma permanente. Y, sin embargo, más de medio millón de familias han sido echadas de su casa por la fuerza al no poder pagar el alquiler o la cuota del crédito hipotecario. La forma de tenencia de la vivienda que prevalece en España es la propiedad (82,7 ) frente al alquiler en el mercado privado (9 ) y otras formas de tenencia (8,2 ) entre las que el alquiler social representa sólo el 2 . De este modo, España se ha situado a la cabeza de los países europeos con más viviendas compradas y se ha llegado a hablar de la cultura de la propiedad como una nota pro- pia de la idiosincrasia española. Sin embargo, esto no fue siempre así, en 1950 había más familias viviendo de alquiler que en casas compradas (ver Gráfico 3). Más bien, lo que ha ocurrido es que en los últimos 60 años la política de vivienda se ha orientado a potenciar al sector privado de la construcción que ha encontrado así una cantera de negocio que parecía inagotable. En la mayoría de países comunitarios se está producien- do un incremento de la propiedad a costa de los alquile- res, pero a un ritmo mucho más lento que en España, manteniendo en todo caso una proporción importante del parque inmobiliario de alquiler, que es mayoritario en Alemania (51 ) y muy elevado en Holanda (47 ), Francia (38 ) y Reino Unido (30 ). Por otra parte, apenas se ha promovido en España el alquiler social que es el gestionado por el sector público con el fin de facilitar cían entre sí, falseamiento de las tasaciones para pasar por alto la norma de que el crédito no superara el 80 del precio tasado del piso, etc.). Al llegar la crisis, el precio de la vivienda bajó y, con él, el valor de los activos inmobiliarios, lo que dio lugar al colapso del “boom” inmobiliario: se frenó la financiación exterior al sector del ladrillo (bancos alemanes y france- ses principalmente, ansiosos por asegurar la rentabili- dad de sus inversiones), se comenzó a mirar con lupa la concesión de nuevos créditos hipotecarios (que se redu- jeron un 76 entre 2007 y 2011) y se generó un parque de activos inmobiliarios en poder de la banca (proce- dente de constructoras en quiebra y de hogares desahu- ciados) que dieron lugar a un enorme agujero contable en la mayoría de las instituciones financieras. “Nos acos- tamos compitiendo en la Champions de las economías más avanzadas del mundo y nos despertamos en un escenario apocalíptico. Miles de millones de euros se habían esfumado de la noche a la mañana. El flujo de capital que había inundado nuestra economía no sólo dejó de manar, sino que además debía emprender el camino de vuelta” (Colau y Alemany, pág. 71). ¿Cómo se tapó el agujero?: socializando las pérdidas, mediante todo tipo de ayudas directas y avales por parte del Estado a los bancos en crisis (en torno a 150.000 millo- nes, dependiendo de los criterios de cálculo). Un dinero que el Estado tampoco tenía y que ha contribuido deci- sivamente a incrementar la deuda pública que acabará siendo pagada por toda la población. LA POLÍTICA DE VIVIENDA EN ESPAÑA El acceso a la vivienda, en condiciones que resulten social- mente aceptables, constituye uno de los pilares básicos de la “calidad de vida” y de la “inserción social”. Así fue reco- gido en el plano jurídico por la Constitución de 1978 al establecer para todos los ciudadanos el “derecho a disfru- tar de una vivienda digna y adecuada” y exigir de los gobernantes una política de vivienda efectiva y que evite la especulación: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas perti- nentes para hacer efectivo este derecho, regulando la uti- lización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (Art. 47). Evidentemente, este precepto constitucional no se ha cumplido: ni el Estado ha tomado a su cargo asegurar el disfrute efectivo de la vivienda ni se ha luchado contra la especulación inmobi- liaria; más bien, hasta la llegada de la crisis se convirtió en Punto de mira